Las empresas tienen derechos. Los ríos no.

Significa tratar los ríos, bosques, océanos y otros ecosistemas como entidades vivas con derechos, no simplemente como propiedad o recursos a gestionar. Esos derechos pueden incluir el derecho a existir, a mantenerse sano, a regenerarse y a ser restaurado cuando resulta dañado. En la práctica, significa que la ciudadanía puede acudir a los tribunales en nombre de un ecosistema, igual que un abogado puede representar a una empresa o a una persona que no puede hablar por sí misma.

Porque la ley tiene que evolucionar junto con los retos que enfrentamos. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas no se están revirtiendo con las herramientas legales actuales, y eso no es casualidad. Una ley que trata un río como un objeto no puede protegerlo como lo haría una ley que lo trata como un ser vivo. La idea puede sonar poco familiar, pero los derechos legales se extienden habitualmente a entidades que no pueden hablar por sí mismas: las empresas tienen derechos legales, y las generaciones futuras son cada vez más reconocidas por la ley. Cuando se destruye un bosque, este no puede presentarse ante un tribunal. Los derechos de la naturaleza permitirían a la ciudadanía hacerlo en su nombre. No es una idea radical, es una idea práctica.

Un guardián o representante designado por ley, de forma similar a como un tutor representa a una persona que no puede actuar por sí misma. Podría ser un organismo público, un comité ciudadano o una organización de defensa reconocida oficialmente. Su función sería vigilar la salud del ecosistema, denunciar los daños y emprender acciones legales cuando se violen sus derechos. El modelo ya existe en la práctica: en Nueva Zelanda, una junta de guardianes cogestionada por la comunidad maorí y la Corona representa al río Whanganui. En España, el Mar Menor cuenta con una comisión de seguimiento que puede actuar en su nombre.

No. Reconocer derechos a los ecosistemas no significa abolir la propiedad privada ni detener toda actividad económica. Las empresas y los gobiernos podrían seguir utilizando los recursos naturales, pero tendrían que respetar la salud y los límites regenerativos de los ecosistemas, no solo en principio, sino en la ley. El marco cambia la pregunta de "¿cuánto daño está legalmente permitido?" a "¿qué necesita este ecosistema para sobrevivir y prosperar?". Las actividades que causen daños irreversibles se enfrentarían a un mayor escrutinio legal, que es precisamente el objetivo.

No solo es posible, ya está ocurriendo. Ecuador consagró los derechos de la naturaleza en su constitución en 2008. En Nueva Zelanda, el río Whanganui está reconocido como persona jurídica desde 2017. En Canadá, varios ecosistemas han recibido derechos legales otorgados por comunidades locales y tribunales. Más cerca de casa: en 2022, la laguna del Mar Menor, en Murcia, España, se convirtió en el primer ecosistema europeo con derechos legales propios, fruto de una campaña ciudadana respaldada por más de 600.000 firmas. No son gestos simbólicos, son instrumentos legales que ya se han usado ante los tribunales.

Son complementarios. Los ecosistemas sanos son la base de derechos humanos fundamentales como el agua limpia, la alimentación, un clima estable y un entorno habitable. Proteger los ecosistemas no es una alternativa a proteger a las personas, es una condición previa para ello. Los derechos de la naturaleza ayudarían a asegurar los fundamentos ecológicos de los que dependen las generaciones presentes y futuras.

La ICE Rights for Nature es una herramienta democrática formal a escala de la UE que pide a la Unión Europea reconocer derechos legales a la naturaleza. Recogiendo al menos un millón de firmas verificadas de ciudadanos de los estados miembros, podemos pedir a la Comisión Europea que proponga legislación que otorgue esos derechos a los ecosistemas.

Queremos que la legislación de la UE reconozca que los ecosistemas tienen derechos: el derecho a existir, a mantenerse sanos y a ser restaurados cuando resulten dañados. Nuestro objetivo inmediato es abrir este debate a nivel europeo recogiendo un millón de firmas, lo que obligaría legalmente a la Comisión Europea a examinar nuestra propuesta.

Sí. La iniciativa no requiere modificar los tratados. Pide nueva legislación dentro de las competencias existentes de la UE, en particular en política medioambiental y protección de la naturaleza, ámbitos donde la UE ya cuenta con una base jurídica sólida. Se apoya en el cuerpo existente de derecho ambiental de la UE —incluida la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitats— en lugar de sustituirlo. Varios análisis jurídicos confirman que los derechos de la naturaleza entran dentro de la legitimidad de la UE.

Una vez alcanzado y verificado el umbral, la Comisión Europea está legalmente obligada a examinar la propuesta y responder formalmente, explicando qué medidas piensa adoptar o por qué no actuará. El Parlamento Europeo también celebra una audiencia pública en la que los organizadores pueden presentar la iniciativa. Esto no desemboca automáticamente en nueva legislación —la Comisión conserva la decisión de proponer o no una ley—, pero un millón de firmas verificadas genera una presión política considerable y una obligación formal y pública de responder. Ninguna ICE ha sido nunca simplemente ignorada.

La iniciativa caducaría en su forma actual y la Comisión no tendría obligación formal de responder. Pero la campaña no quedaría sin efecto: cada firma representa a una persona que ha expresado activamente su apoyo a los derechos de la naturaleza a nivel europeo, y cada organización socia y cada embajador fortalece el movimiento más amplio, que continúa más allá del resultado de una campaña concreta. Nuestro objetivo es llegar al millón, pero el trabajo no se detiene si no lo logramos.

Sí. La UE exige que las firmas de una iniciativa ciudadana europea sean verificadas por las autoridades nacionales para confirmar que cada firmante es un ciudadano europeo elegible. El proceso varía según el país y suele requerir nombre, dirección, fecha de nacimiento y un número de documento de identidad nacional. Estos datos se envían de forma segura a través del sistema oficial de recogida de ICE de la UE y se tratan conforme al RGPD. Tus datos no se usarán para ningún otro fin ni se compartirán con los organizadores de la campaña.

La recogida de firmas comenzará probablemente en octubre de 2026 y durará doce meses. Puede firmar cualquier ciudadano de la UE con edad para votar en las elecciones al Parlamento Europeo en su país de residencia. Suscríbete para recibir novedades y te avisaremos en el momento en que se abra la firma.

Somos ciudadanos de toda la Unión Europea: abogados, científicos, activistas y personas a quienes simplemente les importa profundamente el mundo natural. Trabajamos juntos a través de una red de organizaciones que comparten un compromiso con los principios democráticos, la innovación jurídica y la convicción de que Europa puede construir una relación distinta con la naturaleza. Nuestra campaña está coordinada por Rechte der Natur e.V. en Alemania, en colaboración con movimientos por los derechos de la naturaleza en diez países europeos.

La campaña se financia mediante una combinación de subvenciones de fundaciones y organizaciones filantrópicas, donaciones individuales de simpatizantes y aportaciones en especie de nuestras organizaciones socias en toda Europa. Si deseas apoyar la campaña económicamente, puedes hacerlo en nuestra página de donaciones.

Tu nombre y correo electrónico se almacenarán en nuestra base de datos de campaña y se usarán exclusivamente para enviarte novedades sobre la campaña, invitaciones a eventos e información sobre cuándo se abre la recogida de firmas. Nunca venderemos ni compartiremos tus datos con terceros. Puedes darte de baja en cualquier momento con un solo clic. Procesamos tus datos conforme al RGPD; encontrarás todos los detalles en nuestra política de privacidad.

Sí, y nos alegra que lo preguntes. Solo los ciudadanos de la UE con derecho a voto en las elecciones al Parlamento Europeo pueden firmar la ICE oficial, pero el movimiento por los derechos de la naturaleza es global, y hay mucho que puedes hacer: comparte nuestra campaña con ciudadanos de la UE de tu entorno, asiste a nuestros eventos, síguenos en redes sociales, contribuye económicamente y apoya iniciativas por los derechos de la naturaleza en tu propio país. El movimiento necesita defensores en todas partes.